La inclusión ciudadana en la gestión pública y en la toma de decisiones gubernamentales es fundamental (Gasco, 2014). A pesar de que la expansión de espacios participativos se había considerado bajo el concepto de «buena gobernanza» (Doornbos, 2003), en el marco del Gobierno Abierto, la participación ciudadana se transforma en un medio para redistribuir el poder y consolidar una democracia más directa, ya que una mayor participación conlleva a una mayor apropiación por parte de los ciudadanos y a una legitimidad incrementada en las decisiones políticas y públicas.

El pilar de la participación busca instaurar una gobernanza con reglas claras que aseguren a la sociedad civil un trato más equitativo con las instituciones. La transparencia en los procesos decisivos es esencial para fomentar un clima de confianza y respeto con los ciudadanos, como conocer los detalles de los presupuestos, inversiones y posibles conflictos de interés.

La participación ciudadana, exitosa en los modelos de «Buena gobernanza» y «gobierno electrónico», se enfatiza en el Gobierno Abierto para que los gobiernos involucren a los ciudadanos tanto en medios análogos como digitales. Esto se logra mediante la implementación de mecanismos efectivos, inclusivos y accesibles que permitan la participación continua de la población. Ramírez-Alujas & Nasser (2014) identifican siete estándares de participación: apertura, plazos razonables, información completa, rendición de cuentas activa, procedimientos claros, empoderamiento y transparencia.

La participación en el Gobierno Abierto se efectúa a través de estrategias e iniciativas como plataformas de consulta ciudadana y herramientas digitales y análogas.