El diseño metodológico de los espacios participativos, más allá de ser un tecnicismo, se trata de una decisión política que determina cuáles serán esas voces que cuentan y cuáles serán aquellas que se queden por fuera.

Hay una especie de puesta en escena que se repite en la administración pública colombiana con una regularidad tan cómica como inquietante. 

El telón se abre sobre un salón de audiencias, ocupado por los rostros de siempre. Entran entonces los representantes de gremios, organizaciones y expertos habituales, que intercambian palabras como si se tratase del diálogo de sus vidas en nombre de la participación. Más tarde y casi a destiempo, aparecen un par de líderes comunitarios, convocados de manera personal, preguntándose por la ausencia de otros. La función cierra con funcionarios defendiendo la transparencia del proceso con frases como “la convocatoria fue abierta”, “el anuncio fue publicado en la página web” y “nadie puede decir que no fue invitado”, y al no haber más asistentes, concluyen todos, es porque la gente simplemente no quiere participar.

Y he aquí, el problema central del diseño participativo en Colombia. Uno pensado para que confundamos la apertura formal con una inclusión real.

Asumimos que convocar es más que suficiente, que la ciudadanía está casi que obligada a aparecer por esos lares, y, que si no lo hace, es por su desinterés o su apatía. Y rara vez, nos preguntamos si es que el diseño del espacio fue pensado por ejemplo, para que alguien que trabaja hasta las seis de la tarde, alguien que no tiene computador en casa e incluso para alguien que vive a horas del casco urbano, pudiera, siquiera enterarse de que esa reunión existía.

El cómo se convoca, a qué hora, en qué idioma, con qué anticipación y a través de qué canales no son detalles menores o netamente logísticos, detrás de ellos hay decisiones que configuran quién tiene voz en el proceso y quién no.

El departamento de Risaralda, ofrece uno de los ejemplos más instructivos del país para pensarnos este problema. La Gobernación lleva años consolidando su programa de Presupuesto Participativo y los resultados no se dejan pasar por alto. 

La información disponible, da cuenta de más de $25.000 millones ejecutados en las vigencias 2024 y 2025, asambleas deliberativas, además, doce municipios beneficiados en sectores como salud, seguridad, vías, entre otros, e inclusive, procesos de votación abierta donde cualquier ciudadano mayor de 14 años puede elegir los proyectos que se ejecutarán en su territorio. 

En municipios como Quinchía, Marsella o Pueblo Rico, la comunidad ha apostado por vehículos de rescate para sus bomberos y hasta la construcción de sedes para adultos mayores en corregimientos apartados. Y cada uno de estos proyectos ha trascendido del papel y se han entregado a la comunidad.

Sin embargo, resulta difícil ignorar una pregunta incómoda que los números de participación, por sí solos, no responden; y se trata de ¿quiénes son los que llegan a esas asambleas?

El mismo DANE, en el año 2025, nos recordó que, si bien Risaralda redujo su índice de pobreza multidimensional, las brechas entre cabeceras municipales y zonas rurales dispersas siguen creciendo. En esas zonas rurales, más del 80% de la población trabaja de manera informal. 

Y son precisamente esas comunidades, las que más necesitan incidir en las decisiones públicas; pero, al mismo tiempo, son las que más barreras enfrentan para llegar a una asamblea un día sábado, en el casco urbano; pues el transporte se complica, el jornal se pierde, la distancia es considerable y la desconfianza se acumula cada vez más. Y es cierto que este programa ha apostado por llegar a los municipios, lo cual es valioso. Pero, no hay que ignorar que dentro de cada municipio hay geografías sociales que también requieren de un diseño diferencial.

La teoría de la participación ciudadana lleva décadas insistiendo en que hay una diferencia abismal entre participación consultiva y participación decisoria. En la primera, el Estado pregunta pero ya tiene la respuesta; en la segunda, la ciudadanía incide de verdad en lo que se decide. Y Risaralda ha dado pasos importantes hacia el segundo modelo, puesto que los proyectos que ganan en urna se ejecutan. Pero la pregunta sobre quiénes llegan a proponer antes de que se vote sigue siendo la más difícil y probablemente la más importante de responder.

En el diseño metodológico de un proceso participativo cada elección sobre el horario, el lugar, la redacción del documento que se va a discutir, la duración de la reunión, si se ofrece o no refrigerio, si hay o no guardería, entre otros; está cargada de supuestos sobre quién es el ciudadano típico al que le estamos hablando. Y ese ciudadano típico, casi siempre, es alguien con tiempo, con movilidad, con conectividad y con capital cultural suficiente para navegar los lenguajes burocráticos del Estado.

Por esta razón, el resultado es predecible. Los espacios participativos terminan siendo capturados por los actores que ya tienen capacidad de participar, lo que refuerza las desigualdades existentes en lugar de corregirlas. Y esto, no necesariamente se da porque haya mala fe, sino porque nadie se tomó el trabajo de preguntar qué necesitaría alguien diferente para poder estar en esa sala.

Diseñar bien la participación es la condición mínima para que lo que se llame “participación” merezca ese nombre.

¿Qué implicaría tomarse en serio este problema?

Primero, reconocer que la convocatoria es parte importante del proceso. Mapear a los actores relevantes antes de definir el mecanismo, identificar las barreras de acceso concretas de esos actores y diseñar estrategias específicas para reducirlas.

Segundo, diversificar los formatos. No todo tiene que ser una audiencia presencial en el casco urbano. Las asambleas veredales, los formatos itinerantes o las jornadas en días y horarios pensados para quienes trabajan en el campo pueden llegar a poblaciones que jamás pisarán una oficina pública.

Tercero, y quizás lo más difícil, medir la participación no solo por cuántos votan, sino por quiénes proponen; si las ideas que llegan al tarjetón vienen siempre de los mismos sectores, el diseño está fallando aunque los números sean buenos.

El Presupuesto Participativo de Risaralda es un piso sólido sobre el que se puede construir. Pero para que ese piso llegue a quienes más lo necesitan, hay que preguntarse con honestidad si el diseño del proceso fue pensado también para ellos; porque la participación no empieza cuando la gente llega a votar. Empieza mucho antes, cuando se decide cómo, dónde, cuándo y a quién se convoca. Es un proceso que se teje en el tiempo, mucho antes del voto e incluso persiste después de él.