La gestión del riesgo de desastres es, en esencia, un proceso de democratización del conocimiento. La reducción del riesgo no depende únicamente de marcos normativos o capacidades técnicas especializadas, sino de que la información sobre amenazas, vulnerabilidades y capacidades esté disponible, sea comprensible y pueda ser utilizada por quienes habitan el territorio. En un país como Colombia, donde la disponibilidad y actualización de información territorial es desigual, hablar de Gobierno Abierto implica preguntarse cómo cerrar brechas antes de profundizarlas.

La digitalización ha sido presentada como la gran aliada de la transparencia y la participación. Datos abiertos, visores geográficos y plataformas colaborativas prometen acercar el Estado a la ciudadanía. Sin embargo, esta promesa enfrenta límites estructurales cuando amplios sectores del territorio no cuentan con conectividad estable, dispositivos adecuados o competencias digitales suficientes. La brecha digital no es un problema accesorio; es un desafío central para que el Gobierno Abierto sea verdaderamente incluyente.

En este sentido, el Proyecto de Mapas Comunitarios para la Gestión del Riesgo de Desastres, de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), realiza acompañamiento territorial para la construcción de mapas comunitarios. La experiencia ha mostrado que la digitalización no puede ser el punto de partida. En muchos municipios, la conectividad es intermitente o inexistente. Las comunidades rurales deben desplazarse largas distancias para participar en espacios institucionales. Las administraciones locales cuentan con recursos técnicos limitados. Bajo estas condiciones, trasladar la participación exclusivamente a entornos digitales significa excluir a quienes más necesitan incidir en decisiones relacionadas con la reducción del riesgo.

Resaltar la experiencia con las comunidades, desde el proyecto de Mapas Comunitarios, con campesinos, indígenas, personas negras, y afrocolombianas, ha permitido identificar

dentro del proceso metodológico, que el encuentro presencial afianza las relaciones entre comunidad e institución y adicionalmente, permite un diálogo en dónde el conocimiento local, ancestral y tradicional, es el centro del encuentro. Las comunidades identifican amenazas, reconstruyen la memoria de eventos pasados, ubican puntos críticos y priorizan acciones. Ese conocimiento se construye colectivamente, en lenguaje accesible y mediante herramientas que permiten una participación amplia. Sólo después se digitaliza la información, uno de las herramientas que implementa el proyecto, es Sketchmaptool, que traduce mapas dibujados a mano en capas georreferenciadas compatibles con sistemas de información, así como otras herramientas digitales, en dónde el objetivo es promover el uso de la información comunitaria para la actualización de instrumentos de planificación territorial en la gestión de riesgo de desastres. Como principio, se establece que la tecnología no sustituye el diálogo; lo organiza y lo amplifica.

Este orden es fundamental, primero la inclusión y luego la sistematización. Cuando la digitalización se convierte en requisito previo, la participación se reduce. Cuando es una fase posterior, se convierte en puente. 

Herramientas como ChatMap (herramienta que trabaja con el medio de comunicación más usado en Colombia, WhatsApp), que facilitan la interacción con datos geográficos mediante interfaces más sencillas, también aportan a reducir barreras técnicas. Pero incluso estas herramientas requieren acompañamiento pedagógico y asistencia técnica para garantizar la apropiación real.

La brecha digital no es solo de acceso, sino de uso y de capacidad institucional. Publicar información en línea no garantiza que sea comprendida ni utilizada. Un visor digital puede mostrar con precisión zonas de inundación o deslizamiento, pero si la comunidad no puede consultarlo o interpretarlo, la transparencia se vuelve formal. Del mismo modo, exigir a los gobiernos locales la gestión de plataformas complejas sin fortalecer previamente sus equipos puede generar dependencia y profundizar desigualdades territoriales.

Para el proyecto la devolución de resultados es el ciclo más relevante, ya que es momento en dónde se entregan lo insumos para que los territorios puedan incorporar los resultados de los mapas comunitarios en sus instrumentos de planificación en gestión del riesgo, si bien ha sido muy significativo el proceso de actualización de Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Estrategias Municipales de Respuesta, desde el diagnóstico comunitario y validación de datos geoespaciales con la comunidad; la actualización de Planes de Vida y Planes de etnodesarrollo, evidencian las necesidades de las comunidades étnicas de contar con estos acompañamientos y sobre todo el fortalecimiento de capacidades comunitarios en materia de conocimiento del riesgo. Frente a esto no escapan los entornos urbanos como barrios, comunas y localidades, como es el caso de Cali y Bogotá, en dónde las organizaciones sociales y las Juntas de Acción Comunal, están formulando Planes de Acción Comunitarios en Gestión del riesgo, para organizar a sus comunidades y definir capacidades y recursos desde una escala barrial y autogestionada.

La asistencia técnico – social, se convierte entonces en una herramienta de equidad. Acompañar a los municipios en la organización de sus equipos, en la actualización de instrumentos y en la sistematización de la información permite equilibrar capacidades. No se trata de centralizar decisiones, sino de garantizar que todos los territorios puedan participar en condiciones similares. La democratización del conocimiento ocurre cuando la comunidad produce información, la válida colectivamente y la ve reflejada en instrumentos formales de planificación para la reducción del riesgo.

Existe una tendencia a medir el éxito del Gobierno Abierto por la cantidad de plataformas activas o datos publicados. Sin embargo, la verdadera pregunta debería ser ¿quién puede usar esa información para incidir en decisiones públicas?. Si la participación depende exclusivamente de la conectividad, las voces más conectadas tendrán mayor presencia. Las comunidades rurales, indígenas o periféricas, muchas veces más expuestas a amenazas, pueden quedar subrepresentadas.

En la ejecución del proyecto de Mapas Comunitarios, durante la vigencia de 2024 y 2025, se han acompañado con asistencia técnico social, más de 146 municipios y 10 territorios étnicos, cada ejercicio cuenta con metodologías de cartografía participativa diferenciales, que permiten resctara los saberes ancestrales y desde la cosmovisión de cada comunidad, integrar la noción de gestión de riesgo, como insumo para sus instrumentos y el posicionamiento de sus comunidades frente a otras instancias de coordinación en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. A la fecha han participado más de 4.000 personas en los grupos focales para la elaboración de mapas comunitarios y capacitación en prácticas de participación en gestión del riesgo, lo que demuestra el interés de las comunidades en ser parte de la toma de decisiones para salvar la vida.

Cerrar brechas digitales implica invertir en infraestructura, pero también en competencias digitales, acompañamiento sostenido y metodologías inclusivas. Implica reconocer que el conocimiento no digitalizado tiene valor público y que el saber comunitario sobre dinámicas territoriales es un insumo esencial para la reducción del riesgo.