Hoy el país cuenta con una política de innovación pública, pero la mayoría de sus municipios no saben que innovan, o que deberían hacerlo. Este planteamiento nace a partir de un ejercicio de establecer las bases para dar sostenibilidad al Laboratorio de Innovación Pública de la Alcaldía de Bucaramanga -CoLabora- y los retos identificados en ese proceso.

Debemos partir de la premisa de que innovar en el sector público permite solucionar problemas que el sistema, atrapado en una estructura rígida y sostenida por políticas institucionales que dejan poco margen para la flexibilidad, no logra resolver por sus propios medios; la innovación pública puede entenderse, entonces, como una dinámica fresca y disruptiva que abre caminos donde el Estado difícilmente llega, especialmente en los territorios que quedan al margen de su propia oferta institucional.

El principal reto que encontramos en nuestro análisis entre pares, a partir del acercamiento con laboratorios de innovación pública en el país por fuera de Bogotá, es que su existencia depende en gran medida de la voluntad política del gobierno de turno, un problema que no es menor si se tiene en cuenta que la innovación pública sigue siendo un concepto etéreo que aún no ha encontrado un lugar claro en el glosario del administrador público y mucho menos en el del ciudadano de a pie. Este panorama se vuelve más preocupante cuando se revisan las experiencias de los laboratorios de innovación pública -LIP- en Colombia, pues lo que se encuentra es un ejercicio incipiente, poco documentado y desarrollado principalmente en ciudades capitales, sin una ruta clara para su materialización en otros territorios y con una historia de escasa sostenibilidad en el tiempo, lo que nos llevó a entender que la generación de alianzas estratégicas era el punto de partida para construir ese voz a voz que permitiera difundir y apropiar el concepto más allá de los límites de la administración municipal. A esto se suma que los primeros esfuerzos del gobierno nacional en materia de innovación pública estuvieron enfocados en entidades del orden central, dejando por fuera la dimensión territorial, cuando es precisamente en los municipios donde institucionalizar estos espacios podría tener el mayor impacto, mejorando prácticas y procesos de cara a las necesidades concretas de los territorios.

Fue a partir del diseño de IncideLab Joven, nuestro principal evento para el 2025, que este propósito empezó a tomar forma concreta. Este espacio nació de una necesidad identificada por la propia administración municipal, que reconocía cómo los consejeros municipales de juventudes -CMJ- solían llegar al final de sus periodos con una participación baja o en muchos casos nula en los espacios de decisión que la oferta institucional les había diseñado. A partir de un ejercicio de cocreación, los jóvenes recién electos en el CMJ lograron aterrizar sus propuestas ante jurados que eran precisamente los responsables de la ejecución de la política pública de juventudes, quienes las priorizaron según su viabilidad normativa y técnica para que pudieran presentarse y materializarse en los escenarios institucionales dispuestos para ese fin. Este ejercicio fue también la puerta de entrada para que actores como la ESAP, universidades de la ciudad y otras organizaciones estratégicas para la proyección del laboratorio conocieran de primera mano qué hace y para qué sirve un espacio de innovación pública en el territorio.

Retomando la premisa de esta columna, el ejercicio en lo público me ha permitido analizar que en los municipios existen múltiples iniciativas que responden a la lógica de la innovación pública, pero que rara vez son reconocidas o nombradas como tales por quienes las lideran, lo que evidencia la necesidad de institucionalizar estos espacios en los gobiernos subnacionales, más aún en un contexto caracterizado por déficits estructurales de gobernanza y por las severas limitaciones presupuestales que, como lo evidencian los resultados del índice de desempeño fiscal presentado por el DNP, siguen siendo una constante en la mayoría de los municipios del país y que hacen de la innovación pública no un complemento sino una herramienta indispensable para que la creatividad ocupe el lugar que los recursos no pueden llenar, siendo este precisamente el argumento más poderoso para exigir desde el orden nacional una línea clara que les permita a los territorios construir y sostener espacios pensados exclusivamente para innovar en lo público.

De igual forma, la aversión al riesgo generada por el temor a que el uso de recursos públicos en procesos experimentales pueda ser objeto de investigación por parte de los entes de control, termina siendo una de las barreras más silenciosas pero más efectivas contra la innovación pública, y por eso resulta igualmente necesario avanzar hacia marcos de control que flexibilicen estas prácticas sin desconocer la responsabilidad fiscal, pues no es posible pedirle a los municipios que innoven si el entorno normativo castiga el error como si fuera sinónimo de corrupción.

Un error recurrente en este debate es confundir innovación pública con transformación digital; si bien la coyuntura llama a que los gobiernos adopten nuevas herramientas tecnológicas para una mejor administración, lo verdaderamente importante es pensarse el desarrollo de mejores prácticas y procesos que respondan a las necesidades de todos los municipios, sobre todo teniendo en cuenta la amplia brecha en competencias digitales básicas que existe en el país, como lo evidencia la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, y que se profundiza aún más cuando se habla de las habilidades requeridas para una verdadera transformación digital. En ese sentido, vale la pena preguntarse si la política de innovación pública trazada en el CONPES 4069 apuesta por una transformación real de las capacidades del Estado o si, en cambio, se orienta principalmente hacia la digitalización administrativa, y si ese propósito tiene condiciones reales para generar impacto en el corto plazo en municipios que aún luchan con problemas de conectividad y de formación básica en el uso de estas herramientas.

Es por esto que, a partir de experiencias como la de CoLabora, resulta posible trazar un camino para que los gobiernos locales, especialmente aquellos en territorios con mayores dificultades administrativas, puedan contar con espacios institucionalizados que respondan a sus necesidades particulares, lo que requiere también flexibilidad por parte de los entes de control y una apuesta decidida desde el gobierno nacional para fomentar e incentivar, a partir de las experiencias exitosas ya documentadas, la creación de espacios de innovación que se adapten a la realidad de cada territorio.

Para ello, el camino más viable sería aprovechar el ejercicio ya realizado desde las ciudades que se han atrevido a apostarle a la creación de laboratorios de innovación y de allí han surgido aprendizajes valiosos que pueden servir de guía para alentar el desarrollo de estos espacios en otros municipios, siempre que exista desde el orden nacional la voluntad de construir una hoja de ruta diferenciada que reconozca las capacidades y los contextos distintos de los territorios, y que no repita el error de diseñar política pública para las capitales y esperar que el resto del país simplemente la adapte.

La innovación pública no puede seguir siendo patrimonio exclusivo de las grandes ciudades ni depender de la sensibilidad política de cada alcalde de turno; necesita convertirse en una apuesta estructural del Estado, con lineamientos claros, marcos normativos que protejan el ensayo y el error, y recursos suficientes para que los municipios que más lo necesitan puedan innovar sin tener que pedir permiso para hacerlo.