En Colombia, cada vez es más común hablar de innovación pública. Se crean laboratorios, se organizan talleres de co-creación y se llenan agendas con metodologías participativas. Sin embargo, hay una pregunta incómoda que rara vez se pone sobre la mesa: ¿por qué la mayoría de estos esfuerzos desaparecen con el tiempo?

La respuesta no está en la falta de ideas. Tampoco en la falta de talento. El problema es más estructural: los espacios de innovación pública, en muchos casos, siguen siendo tratados como iniciativas aisladas que no trascienden y no son asumidos como una capacidad institucional.

Esta reflexión no surge desde la teoría, sino desde la experiencia concreta de diseñar el Laboratorio de Innovación Pública CoLabora en la Alcaldía de Bucaramanga. Un proceso que no solo buscaba crear un espacio de innovación, sino enfrentar un reto mayor: ¿cómo evitar que el laboratorio se convierta en otro intento que muere con el cambio de gobierno?

Además, la Alcaldía de Bucaramanga apostó por construir este laboratorio en articulación con la academia, a través del trabajo de dos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la Universidad Industrial de Santander, quienes desarrollaron este proceso como su proyecto de grado.

Lejos de ser un detalle menor, esta decisión evidencia un elemento clave para la sostenibilidad de la innovación pública: la apertura del Estado a nuevas capacidades. Integrar talento joven no solo permitió incorporar miradas frescas y rigurosas, sino también fortalecer la legitimidad del proceso, demostrando que la innovación pública puede construirse desde la colaboración real entre instituciones y ciudadanía.

La innovación pública como formalidad

Antes de diseñar cualquier solución, fue necesario entender el problema. El diagnóstico inicial evidenció una realidad que no es exclusiva de Bucaramanga: la participación ciudadana existe, pero su incidencia en la toma de decisiones es baja; los espacios y canales están disponibles, pero no son apropiados por la ciudadanía; y las capacidades internas para innovar siguen siendo incipientes, en parte por la percepción de que innovar implica asumir cargas adicionales dentro de la gestión pública.

En otras palabras, el Gobierno Abierto muchas veces se queda en el cumplimiento. Se hacen ejercicios de participación, pero no siempre se conectan con decisiones reales. Se publican datos, pero no necesariamente se traducen en control social efectivo. Se habla de innovación, pero sin estructuras que la sostengan.

Este escenario genera un riesgo silencioso: la fatiga institucional y ciudadana. Cuando la participación no se transforma, pierde sentido. Y cuando la innovación no se institucionaliza, se vuelve anecdótica.

Diseñar un laboratorio no es suficiente

Frente a este contexto, el reto no era crear un laboratorio atractivo, sino diseñar uno viable. Eso implicó cambiar la pregunta inicial. No se trataba de “¿cómo innovamos?”, sino de “¿cómo hacemos que la innovación pública sobreviva?”.

El proceso de diseño del laboratorio CoLabora se desarrolló a partir de cuatro fases: diagnóstico, análisis de referentes, identificación de necesidades y construcción del modelo operativo. Más de 70 personas participaron en talleres, y se articularon actores de la academia, el sector público y organizaciones de la sociedad civil.

Ahora, más allá de la metodología, lo relevante fueron las decisiones estructurales que se tomaron.

Primero, el laboratorio no se planteó como una iniciativa aislada, sino como parte de una política pública existente: la Política de Transparencia y Anticorrupción 2023–2033 del municipio. Esto permitió anclarlo a una visión de largo plazo, reduciendo su dependencia de voluntades individuales.

Segundo, se definieron líneas estratégicas claras: Colaboración Ciudadana, Modernización e Innovación en la Gestión Pública y Emprendimiento e Innovación Abierta. Esto evitó que el laboratorio se convirtiera en un espacio disperso de actividades sin dirección.

Tercero, se diseñó un modelo de gobernanza con actores internos y externos, reconociendo que la innovación pública no puede depender de un solo equipo en una oficina, sino de un ecosistema robusto que fortalezca el espacio.

Y cuarto, se incorporó un enfoque de implementación desde el inicio. El laboratorio no se pensó solo para idear, sino para investigar, experimentar, acompañar y hacer seguimiento a soluciones reales.

Cómo se sostiene la innovación pública

A partir de esta experiencia, hay al menos cuatro aprendizajes que pueden aportar a la discusión nacional sobre la sostenibilidad de la innovación pública:

1. La innovación no falla por falta de ideas, sino por falta de institucionalización: muchos laboratorios generan buenas propuestas, pero no logran integrarlas a la estructura del Estado. Sin ese vínculo, las soluciones no escalan ni perduran.
2. La participación sin cierre erosiona la confianza: invitar a la ciudadanía a participar implica una responsabilidad: devolver resultados. Cuando esto no ocurre, se debilita la legitimidad institucional y se profundiza el desencanto.
3. Los laboratorios no deben ser espacios, sino sistemas: un laboratorio no es una oficina, ni un evento, ni una metodología. Es una forma de operar dentro del Estado, que requiere procesos, roles, recursos y articulación.
4. La sostenibilidad es una decisión de diseño, no una consecuencia: no basta con esperar que una iniciativa funcione para luego institucionalizarla. La sostenibilidad debe pensarse desde el inicio: en sus formas de financiación, su gobernanza, su alineación con alguna política pública existente y su capacidad de generar valor para verlo más atractivo.

De proyectos a capacidades públicas

El caso de Bucaramanga no es una historia de éxito cerrada. Es, más bien, un proceso en construcción. El laboratorio CoLabora se encuentra en fase de implementación, enfrentando los retos propios de cualquier transformación institucional: coordinación interna, apropiación por parte de los equipos, posicionamiento y consolidación de resultados.

Sin embargo, hay una apuesta clara: pasar de la innovación como estrategia a la innovación como capacidad institucional, en esta oportunidad incluyéndolo dentro del Plan de Desarrollo.

Esto implica entender que innovar no es hacer algo nuevo por hacerlo, sino mejorar la forma en que el Estado responde a problemas complejos de la mano con los ciudadanos. En ese sentido, la innovación pública no es únicamente tecnología o digitalización; también es democracia, es participación efectiva y es la capacidad de comunicar de manera distinta para acercar el Estado a la ciudadanía.

Y para lograrlo, se necesitan estructuras que trasciendan administraciones, que articulen actores y que generen valor tangible para la ciudadanía.

Una invitación a repensar la innovación pública

Si la innovación pública en los territorios quiere consolidarse, debe superar una tensión fundamental: dejar de ser experimental y empezar a ser estructural.

Esto no significa abandonar la experimentación, sino integrarla dentro de sistemas institucionales que le den continuidad. Significa diseñar laboratorios que no dependan de liderazgos individuales, sino de reglas claras. Y, sobre todo, implica asumir que innovar en lo público no es solo crear soluciones, sino transformar la forma en que el Estado funciona y se comunica.

Porque, al final, la pregunta no es cuántos laboratorios se crean, sino cuántos logran quedarse. Y en esa respuesta, más que ideas, lo que está en juego es la capacidad del Estado para aprender, adaptarse y sostener el cambio.