La frase de María Eugenia, lideresa social de Marmato, Caldas, no es una excepción ni una exageración. A pesar de que las regalías mineras representan una fuente clave de financiación para el desarrollo territorial, su comprensión sigue siendo limitada incluso entre quienes deberían ser sus principales beneficiarios.

Este vacío no es simplemente un problema de información disponible, sino de información útil. Durante años, el país ha avanzado en la publicación de datos abiertos, en cumplimiento de estándares de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, la existencia de datos no garantiza su apropiación. La distancia entre “publicar” y “entender” sigue siendo una de las grandes brechas de la democracia contemporánea.

El caso de las regalías mineras ilustra bien este fenómeno. Comunidades en territorios donde se extraen recursos naturales saben que “algo” llega: recursos, proyectos, inversiones. Pero no logran seguir el recorrido completo: desde la extracción del mineral hasta la ejecución de un proyecto en su municipio. Este desconocimiento no es trivial. Limita la capacidad de las comunidades para ejercer veeduría, participar en decisiones públicas y exigir rendición de cuentas.

En este contexto surge Minería Visible, una iniciativa de Datasketch, con el apoyo del programa global From Disclosure to Development (D2D), que lidera la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), financiada por la Fundación BHP, en colaboración con el Banco Mundial.

La plataforma interactiva Minería Visible intenta responder a una pregunta fundamental: ¿cómo hacer que los datos sean realmente utilizables por las personas? La respuesta no se construyó desde un escritorio, sino desde el territorio. A través de entrevistas con más de 30 líderes comunitarios en municipios mineros, el equipo identificó necesidades concretas: entender qué son las regalías, cómo se asignan y cómo se ejecutan.

Este enfoque es relevante porque cambia la lógica tradicional del desarrollo tecnológico. En lugar de partir de la disponibilidad de datos o de las capacidades técnicas, parte de las preguntas reales de los usuarios. Es un giro hacia el diseño centrado en las personas, que en teoría es ampliamente promovido, pero en la práctica pocas veces se aplica con profundidad en proyectos de datos públicos.

Uno de los principales aportes de esta experiencia es evidenciar que la fragmentación de la información es, en sí misma, una barrera. En el caso analizado, se identificaron 17 bases de datos diferentes, dispersas en múltiples entidades. Para un ciudadano promedio, navegar estos sistemas es prácticamente imposible. La interoperabilidad sigue siendo una promesa más que una realidad en el ecosistema de datos públicos.

La apuesta de integrar esta información en una sola plataforma es, por tanto, más que una solución técnica: es una intervención política en el sentido amplio del término. Facilitar el acceso a la información redistribuye poder. Permite que actores tradicionalmente excluidos de las discusiones, como líderes comunitarios rurales interesados en el control social, tengan herramientas para participar en condiciones más equitativas.

Sin embargo, es importante no caer en una visión ingenua. La tecnología, por sí sola, no resuelve los problemas estructurales de transparencia. Una plataforma puede facilitar el acceso, pero no garantiza el uso. Tampoco asegura que la información sea suficiente, oportuna o confiable. La calidad de los datos sigue siendo un desafío, al igual que la voluntad institucional para sostener estos esfuerzos en el tiempo.

Otro aspecto clave es la accesibilidad. En un país donde una gran parte de la población accede a internet principalmente a través de dispositivos móviles, el diseño de herramientas digitales no puede ignorar esta realidad. La decisión de desarrollar una versión móvil de Minería Visible responde a este contexto y demuestra una comprensión pragmática del entorno tecnológico del país.

Pero incluso aquí surgen preguntas importantes. ¿Qué pasa con las zonas donde la conectividad es limitada o intermitente? ¿Cómo se garantiza que estas herramientas no reproduzcan nuevas exclusiones digitales? La inclusión no es solo una cuestión de interfaz amigable, sino de condiciones materiales de acceso.

Más allá de sus funcionalidades (mapas interactivos, exploradores de datos, tableros de visualización y un chatbot), el valor de este tipo de iniciativas radica en su potencial para fortalecer la cultura de lo público. Cuando una lideresa como María Eugenia puede seguir la trazabilidad de un proyecto en su municipio, no accede a información nada más: ejerce ciudadanía.

En este sentido, Minería Visible se inscribe en una tendencia más amplia que busca pasar de la transparencia pasiva a la transparencia activa. No basta con publicar datos; es necesario traducirlos, contextualizarlos y hacerlos accionables. Este es uno de los grandes retos de la agenda de datos abiertos en América Latina.

Sin embargo, también es necesario abrir el debate sobre los límites de estas iniciativas… ¿Hasta qué punto las plataformas pueden sustituir otros mecanismos de participación? ¿Cómo se articulan estas herramientas con procesos organizativos y políticos más amplios en los territorios?

Promover el uso de datos para el monitoreo ciudadano es valioso, pero no puede desvincularse de las dinámicas sociales y políticas que determinan cómo se toman las decisiones en la práctica. La información es una condición necesaria, pero no suficiente, para la incidencia.

Finalmente, este caso invita a reflexionar sobre el papel de actores como organizaciones de la sociedad civil, academia y empresas tecnológicas en la construcción de bienes públicos digitales. La colaboración entre estos sectores, como se evidencia en este proyecto, puede generar soluciones innovadoras. Pero también plantea preguntas sobre sostenibilidad, gobernanza y apropiación a largo plazo.

En un país que reporta desconfianza institucional, iniciativas como esta pueden contribuir a reconstruir vínculos entre ciudadanía y Estado. Pero su impacto dependerá de algo más que su diseño o su tecnología: dependerá de la capacidad de las comunidades para apropiarse de ellas y de la voluntad de las instituciones para abrirse realmente al control social de la gestión pública. Hacer visibles las regalías es, en última instancia, un ejercicio de democracia.