El concepto sobre innovación pública, ha venido en auge en los últimos años. A primera vista, es común asociarlo con avances digitales, soluciones tecnológicas, y avances en modelos administrativos para mejorar la gestión del Estado. Sin embargo, al desmenuzar su contenido, nos damos cuenta que las comunidades han venido implementado diferentes acciones enmarcadas en la innovación pública en el ámbito familiar, social, ambiental y hasta económico, aunque pocas veces se le haya dado reconocimiento como tal.

Desde temprana edad tuve la oportunidad de observar y participar en distintos procesos con comunidades que, día a día, construyen soluciones para hacer frente a los diferentes fenómenos que aquejan a sus territorios, demostrando que la innovación pública se vive y se construye bajo las dinámicas comunitarias, incluso; sin el acompañamiento institucional.

Desde mi experiencia con la institucionalidad recuerdo cuando el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) entregaba lineamientos a las madres comunitarias para atender a niños y niñas, lineamientos que estaban desconectados de la realidad de las comunidades étnicas, en este caso comunidades afros – estoy hablando de hace más de 30 años… Por ejemplo, las minutas alimentarias no correspondían a la dieta de las comunidades, entregaban cereales o alimentos procesados donde la base alimentaria de las comunidades afro ubicadas en el pacífico colombiano eran productos autóctonos como pescado, entre otros. Como una solución, las madres comunitarias hablaban con el tendero, que hacía las veces de operador, para cambiar el atún enlatado, por pescado fresco.

Lo que hoy llamamos innovación pública, ya ha existido en los procesos comunitarios.

Colombia, un país con grandes brechas de desigualdad histórica, con presencia de conflicto armado y, donde el aparato estatal en ocasiones es ausente, muchas comunidades han tenido que implementar códigos de supervivencia propios que se traducen en estrategias adaptativas para sostener la vida y el territorio mientras las respuestas del Estado llegan.

Estas estrategias de resiliencia no solo reflejan las respuestas a los desafíos, sino también la innovación que nace en las comunidades y la capacidad colectiva para adaptarse, proteger y cuidar la vida.

Otro ejemplo de ello, lo evidenciamos en el marco de mi investigación de maestría sobre resiliencia y adaptación al cambio climático en comunidades afrocolombianas de El Salto en Buenaventura y Manatí en el Atlántico. Los habitantes desarrollaron estrategias naturales para reducir el impacto de las inundaciones por el cambio climático, mediante el uso de un árbol ancestral conocido como chipero. Sus raíces fortalecen el suelo y funcionan como un muro de contención natural frente al aumento de los niveles del agua, eso permite cuidar los cultivos de pancoger que se encuentran en la vega de los ríos y que el terreno se mantenga firme.

Este tipo de prácticas difícilmente aparece en revistas científicas o documentos técnicos, pero ha permitido durante generaciones la adaptación de las comunidades a su entorno. Estas experiencias nos muestran que la innovación pública también existe y puede surgir de la relación histórica entre las comunidades y su territorio.

Esta experiencia demuestra que más allá de una forma de organización social, las comunidades ya implementaban prácticas del cuidado históricamente como una forma de innovación desde el territorio, como estrategias colectivas para responder a situaciones complejas que ponen en riesgo su supervivencia.

En este sentido, cobra relevancia la incorporación del cuidado en la agenda pública tanto local, como nacional e internacional. La visibilización de la política pública del cuidado hoy, no significa que apenas inicie un trabajo de reconocimiento de las comunidades, sino la validación “tardía” de las formas organizadas que las comunidades han implementado para sostener la vida y el bienestar colectivo.

El reconocimiento institucional del cuidado por parte del actual gobierno nacional como eje fundamental de la política pública en Colombia es reciente, mediante el CONPES 4143 de 2025, el cual adopta la Política del Cuidado, representa un panorama importante hacia la visibilización de las tareas de cuidado y su impacto en las esferas sociales y económicas para el sostenimiento de la vida. El 18 de marzo del 2026, la actual Congresista por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, señaló que: “la radicación del proyecto de ley para crear el Sistema Nacional del Cuidado, como un sistema que organice, coordine y garantice el derecho a cuidar y ser cuidado”. Es muy valioso este avance, no obstante, es necesaria la territorialización de dicha política basada en experiencias comunitarias.

Como mujer afro, líder social, cuidadora de un hijo con autismo e hija de madre comunitaria, he estado relacionada con el cuidado. Por tanto, mi relación con el cuidado no surge únicamente desde un escenario político, sino a partir de historias y experiencias de vida.

Aquí es relevante contar lo viene haciendo el Colectivo del Cuidado, un grupo de mujeres cuidadoras, mujeres en condición de discapacidad, mujeres investigadoras y profesionales multidisciplinarias que nos hemos organizado como iniciativa local para visibilizar las respuestas comunitarias frente a una crisis, convirtiéndolas en insumos para la construcción de políticas públicas incluyentes a partir de los enfoque diferenciales.

A partir de lo anterior nace “la primera casa política y social del cuidado”, un espacio pensado para la reflexión académica y técnica, la formación política, la dignificación, el bienestar, el acompañamiento a casos; así como el reconocimiento de las luchas que han puesto en evidencia la importancia del cuidado, de manera integral.

Desde aquí se hace un llamado vehemente de no reconocer una sola forma de cuidado, sino a valorar otras formas que se vivencia en el territorio, un diálogo abierto que permita la convergencia de quienes cuidan la discapacidad, personas mayores, o quienes cuidan el medio ambiente, el territorio y la vida. Es decir, reconocer un diálogo social y comunitario abierto, donde se escuche un mar de voces desde lo étnico, el género, enfoque diferencial y el cuidado como derecho. Esta apuesta debe permitir la construcción de consensos y la articulación entre distintos actores claves: comunidades, organizaciones de bases, gobiernos, academia, sociedad civil, sector privado y organismos de cooperación.

Finalmente, en el marco de las apuestas políticas, vale la pena recalcar que Colombia, como república de más de 200 años, tiene una deuda histórica con sus ciudadanos. La constitución “garantista” creada para nuestros ancestros debe ser ajustada a las nuevas realidades y dinámicas del país. Por eso, impulsar esta política del cuidado como una herramienta capaz de orientar las nuevas formas de gobierno debe ser vista como una oportunidad para la organización de la sociedad, que valore las experiencias territoriales de innovación.

En ese camino, innovar no siempre significa hablar de algo sofisticado. A veces significa reconocer, valorar y fortalecer aquello que las comunidades han sabido hacer mediante relevo generacional, para la garantía, la protección y sostenimiento de la vida y el territorio.