Existe una brecha que pocas veces se nombra en los debates sobre gobierno abierto: la que separa socializar una herramienta digital de transferir la capacidad de usarla. En mesas de rendición de cuentas y socializaciones de política pública, esa brecha se hace visible cada vez que la pantalla se apaga y la gente vuelve al lápiz y el papel.

“Eso no es un descuido. Es un patrón.”

En los últimos años, el gobierno, algunas ONG y corporaciones han construido un relato poderoso: lo digital es el camino hacia un control social más eficiente, más transparente, más moderno. Las plataformas de participación ciudadana, los portales de datos abiertos, los aplicativos de seguimiento a contratos públicos se presentan como la solución a los viejos problemas de opacidad y distancia entre el Estado y la ciudadanía. El argumento suena bien. El problema es lo que ocurre —o más exactamente, lo que no ocurre— después de la presentación.

Lo que he observado en espacios de consulta ciudadana, socializaciones de políticas públicas y construcción de acuerdos es una escena que se repite con llamativa consistencia: se destina un momento de la agenda para socializar lo digital, pero ese momento no incluye pedagogía. No hay explicación de cómo funciona la plataforma paso a paso. No hay práctica guiada. No hay respuesta a la pregunta más básica: ¿cómo reemplaza esto lo que yo ya hacía con lápiz y papel?. Se muestra. Se menciona. Y se pasa a otro punto.

La consecuencia es predecible: la gente sigue usando el papel. No porque sea tecnofóbica ni porque no esté lista para lo digital, como a veces se sugiere con condescendencia. Sino porque nadie le dio razones prácticas y concretas para cambiar una herramienta que sí sabe usar por una que apenas vio en una pantalla durante diez minutos.

Aquí es donde la crítica se vuelve más incómoda. Porque si uno observa el fenómeno con cuidado, empieza a preguntarse si el objetivo real es que la gente adopte estas herramientas, o si el objetivo es poder decir que se socializaron. Hay algo que funciona como cuota: un ítem en el plan de trabajo, una diapositiva en la presentación, una fotografía que documenta que se habló de la plataforma. Se cumple. Y la ciudadanía sigue ejerciendo control —cuando puede hacerlo— con los medios que siempre ha tenido.

Esto tiene implicaciones que van más allá de lo técnico. Cuando una herramienta de control social no es realmente adoptada por quienes deben usarla, el control social no mejora. Pero la narrativa institucional puede seguir afirmando que sí, porque la herramienta existe y fue presentada. Se crea así una capa de modernización aparente que, en el mejor de los casos, es inocua. En el peor de los casos, sirve para legitimar procesos de participación que no tienen incidencia real.

¿Qué haría diferente? Lo primero es dejar de tratar la socialización como si fuera adopción, porque son cosas distintas. Mostrar una plataforma en una reunión no equivale a que la gente la use, la entienda o la encuentre útil para su vida. Si la intención es genuina —si realmente se quiere que el control social migre hacia lo digital—, eso requiere procesos sostenidos: talleres prácticos en los territorios, acompañamiento a organizaciones, materiales en lenguaje accesible, y tiempo. No una diapositiva.

Lo segundo es preguntarle a la gente qué necesita antes de diseñar la herramienta. La mayoría de las plataformas de participación ciudadana que conozco fueron construidas por equipos técnicos sin participación real de los usuarios finales. El resultado son interfaces que responden a lógicas institucionales, no a las formas en que las comunidades realmente procesan y comparten información. Por eso no es casualidad que nadie las use.

Lo tercero, y quizás lo más difícil, es ser honestos sobre para qué se quiere el control social digital. Si la respuesta es cumplir con un indicador de gobierno abierto, eso explica por qué la pedagogía no existe: no se necesita que la gente realmente controle, sino que aparezca que puede hacerlo. Pero si la respuesta es que la ciudadanía tenga más poder sobre lo público, entonces las prioridades tienen que cambiar radicalmente. Y el primer cambio es dejar de confundir la existencia de una plataforma con el ejercicio real del control.

La pregunta que queda abierta es incómoda pero necesaria: ¿quién se beneficia de que el control social parezca moderno sin serlo realmente? Porque mientras esa pregunta no se responda con honestidad, seguiremos viendo pantallas que se proyectan y se apagan, y ciudadanos que vuelven al papel. No por resistencia al cambio, sino porque el papel, al menos, nadie lo puso como requisito.