Sin duda, el control social es uno de los temas que genera mayores apasionamientos en la comunidad. Al ser una herramienta que contribuye a la apropiación de los proyectos en su contexto, busca garantizar que estos se ejecuten en los mejores términos; sin embargo, también puede generar frustraciones. En ocasiones, incluso contribuye a la deslegitimación de las acciones gubernamentales o a retrasos en los cronogramas de obra, llegando a entorpecer procesos que cumplen con todas las garantías de desarrollo. Este tipo de situaciones sucede, en muchos casos, por el desconocimiento de lo público y la creencia popular de que lo ejecutado por los entes gubernamentales es, necesariamente, sinónimo de corrupción.

Esta percepción naturalizada tiene fundamentos claros. Según la última medición del Índice de Percepción de la Corrupción (2025), el país obtuvo un puntaje de 37/100, lo que evidencia una concepción negativa por parte de la ciudadanía y demuestra que Colombia se enfrenta a grandes retos en la materia. Aunque podría decirse que es un tema de percepción, es también una realidad: existen obras con actividades que rayan en lo ilegítimo, alimentando la desconfianza ciudadana. En este escenario, la comunidad a menudo carece de las herramientas y el conocimiento necesario para ejercer un control social efectivo; por ello, no siempre logra discernir entre un presunto hecho de corrupción y el desarrollo “normal” de un proyecto que enfrenta retos técnicos o retrasos, lo cual genera la paradoja de no saber qué creer.

La ciudadanía, aunque en desventaja por el desconocimiento técnico de lo público, posee un vasto conocimiento de su territorio. Desde esta sabiduría empírica, los ciudadanos reconocen cuándo hay manejos inadecuados; sin embargo, ante la falta de datos de fácil comprensión que permitan contrastar lo observado con lo reportado, muchos casos no trascienden la esfera de la presunción o el rumor de barrio, sin lograr transformaciones reales en la planeación o ejecución.

Otro de los grandes retos del control social —y que constituye un secreto a voces— es lograr la transición generacional. Actualmente, un alto porcentaje de la participación en estos procesos recae en adultos y adultos mayores. Si bien se ha identificado un alza en la participación de adolescentes y jóvenes, su involucramiento suele darse en escenarios no institucionales o poco convencionales, como movilizaciones y paros. Esta participación es inversa a la de las instancias tradicionales: mientras la juventud busca acciones mediáticas y de visibilidad inmediata, los adultos predominan en escenarios de largo aliento como Juntas de Acción Comunal o veedurías.

Este fenómeno en Colombia se asemeja al dicho de la “cobija chiquita”: si se inclina la balanza hacia un espacio, el otro queda desprotegido. Por ello, es imperativo buscar un equilibrio. Mientras las movilizaciones surten efecto sobre hechos puntuales, la participación en escenarios de mediano y largo alcance permite un seguimiento constante para evitar la corrupción. Bajo esta premisa, se plantea que la participación en espacios tradicionales es baja no solo por ser poco atractiva para los jóvenes, sino porque sus estructuras organizacionales no permiten la conversación horizontal, pilar fundamental del gobierno abierto.

Es necesario establecer mecanismos de participación alternativos que fomenten el diálogo horizontal con las entidades gubernamentales (en el caso de Santiago de Cali, con sus Secretarías y Departamentos Administrativos). Estos espacios deben permitir el intercambio de información de primera mano y la desmitificación del quehacer público. Asimismo, deben funcionar de forma mixta: a la par del control social, deben realizar acciones de formación que fortalezcan las capacidades ciudadanas y fomenten la pluralidad de la información. De esta manera, el control social se hace efectivo, con resultados medibles en conocimiento y vigilancia.

En relación con lo anterior, la ciudad de Santiago de Cali cuenta con una red de ciudadanos organizados para vigilar los proyectos estratégicos de sus comunas a través de los Observatorios Ciudadanos de Transparencia (OCT). Ubicados en cinco puntos estratégicos, los OCT forman parte de la estrategia de la Oficina Asesora de Transparencia, que no solo tiende un puente entre la ciudadanía y la Alcaldía, sino que promueve la entrega de información oportuna en formatos comprensibles y la identificación de ventanas de co-creación. Finalmente, mediante la estrategia de la Escuela “Pa’que Veás: Ojos en lo Público”, se brindan capacitaciones que permiten romper las brechas de acceso a la información y comprender, de fondo, el funcionamiento de lo público.