En 2011, Pablo González Casanova, buscador incansable de utopías advertía del pensamiento único que asimila la vida a un sistema eterno, inmutable y continuo, gobernado por las “leyes del mercado” y la maximización de intereses. Bajo esta lógica, no es posible pensar en vidas otras, basadas en lo común, la cooperación, la convivencialidad o la comunalidad. Hoy, este sistema único muestra su peor faceta. Guerras, hambrunas, calentamiento climático, desplazamientos, epidemias y otro tanto de situaciones que amenazan la vida planetaria en su conjunto.

La política no es ajena a tal situación. Aunque diversos indicadores ilustran una “crisis” democrática, los movimientos sociales y populares protagonizan verdaderas gestas de transformación de la vida colectiva, canalizando propuestas de Buen Vivir y Vida Digna. En realidad, la “crisis” de la democracia se acota a una forma específica de la democracia: esa fundada en el ritual del voto y sus procedimientos. La crisis democrática no es igual a la crisis de la vida en común, ni mucho menos el fin de la política.

El sistema único ha formulado recetas para resolver esta crisis. Apalancado en la desregulación económica y la privatización, el modelo político dominante insiste en innovar en lo público. Se trata entonces de “abrir” los procedimientos, de forma que la ciudadanía se sienta incluida y así incrementar su confianza en las instituciones. En su versión hegemónica, la innovación en general sucede cuando se optimiza el proceso de valorización del valor. En lo público, esto se traduce en la apertura de nuevos mercados gracias a la acción del Estado (la llamada generación de valor público). En suma, el fortalecimiento y afianzamiento del papel del Estado en la reproducción ampliada del capital.

Con todo, esta visión del mundo ha encontrado diversas resistencias. Procesos comunitarios, sociales y populares reaccionan a la imposición cultural y mental desde la acción política transformadora. Ideas como la innovación abierta, la innovación democrática o la innovación social ponen de cabeza el modelo: no se trata de valores de cambio sino de valores de uso. ¿Para qué abrimos los procesos públicos? ¿Con quienes? ¿Por qué?

En Colombia, los últimos años se han caracterizado por la alta conflictividad social. Desde las luchas constituyentes, la disputa por el Acuerdo Final de Paz, el Estallido Social, y la elección del Gobierno del Cambio, la sociedad colombiana ha demandado la apertura democrática. Para cumplir dicho mandato popular, el Gobierno del Cambio se comprometió en su Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” a la construcción de un nuevo contrato social para la defensa de la vida, la construcción de paz y el fortalecimiento democrático.

En este proceso, el Departamento Nacional de Planeación, la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz y su Equipo de Innovación Pública dedican sus esfuerzos a concretar esta apuesta. Su labor no se limita a un sector específico, sino que busca transversalizar la innovación pública en distintas áreas del Estado, fortaleciendo sus capacidades y promoviendo su escalabilidad.

Este trabajo tuvo como primer escenario el cambio conceptual y de acción: transitar de la innovación pública centrada en la eficiencia de los servicios, a otra orientada a la apertura democrática. Desde esta perspectiva, innovar implica resolver problemas públicos de manera participativa, incluir a poblaciones históricamente excluidas en la planeación, experimentar bajo enfoques territoriales y diferenciales, fortalecer capacidades según contextos locales, articular el ecosistema y garantizar derechos como el acceso a la información y la participación ciudadana.

Este trabajo ha arrojado una serie de aprendizajes que pueden alumbrar sobre las dificultades y los retos en la institucionalización de la innovación pública. En general, estos tienen que ver con:

1. Una relativa debilidad normativa. Aunque en Colombia se han expedido instrumentos como el CONPES 4070 de 2021 sobre Estado Abierto y se elaboran y suscriben compromisos como los Planes de Acción Nacional en Estado Abierto, el país no cuenta con leyes o normas con la suficiente fuerza vinculante para fortalecer la innovación pública. Generalmente, esta se entiende con relación a un sector o subsidiaria a la gestión del conocimiento.
2. La falta de instancias de coordinación nacional e intersectorial. Los espacios de encuentro entre entidades nacionales y territoriales dependen del empuje de las y los servidores, más que en mandatos para la acción integral en innovación pública.
3. La tendencia a reducir el ecosistema a individualidades o a herramientas tecnológicas. Sin desconocer la experticia de personas, también es importante señalar que la ideología de la innovación se centra en el emprendedor o en el gurú, en detrimento de lo colectivo. Además, en un país con importantes brechas tecnológicas, el uso de estas herramientas puede reproducir desigualdades antes que fortalecer capacidades.
4. La falta de reconocimiento de la innovación cotidiana. Se repite que la culpa de la falta de innovación pública la tiene el o la servidora pública y su pensamiento “burocrático”. Sin embargo, en lo cotidiano se desenvuelven innovaciones participativas y transparentes, con pocos recursos y mucho esfuerzo no reconocidas por la literatura o por las mediciones oficiales.

De ahí que el Equipo se haya concentrado, en conjunto con otras entidades, en la construcción de un decreto con dos objetivos: crear una Comisión Intersectorial de Innovación Pública, para la coordinación y orientación de la política de innovación pública; y la creación de la Red Nacional de Innovación Pública, como instancia de encuentro y participación del ecosistema. Este proceso se acompañó de una ruta participativa, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, que contó con más de 300 participantes en 5 territorios del país.

Con esta simple pero ardua tarea, buscamos:

1. Fortalecer con un instrumento de política claro como un decreto la orientación, el enfoque y las funciones de las entidades nacionales con respecto a la innovación pública, así como el ecosistema, dando una herramienta de exigibilidad para los actores en el mediano y largo plazo.
2. Superar la dependencia de la innovación pública a la voluntad política de las y los directivos de las entidades, trazando una hoja de ruta con instancias institucionales y participativas claras para la co construcción de las políticas públicas de innovación
   

pública.

1. Pasar de proyectos aislados en entidades a una acción institucionalizada y mancomunada en la generación de capacidades en las entidades, con enfoques territoriales y diferenciales.
2. Consolidar una innovación pública orientada a la garantía de derechos, la transformación territorial y la cosntrucción de paz.

Así, transitamos de la generación de confianza y legitimidad de lo heredado, hacia la transformación de las instituciones, orientadas a la apertura democrática. Pasamos de la innovación pública para la eficiencia y la privatización hacia la apertura de los procedimientos públicos y la redefinición democrática de la relación Estado y ciudadanías, sobre la primacía de lo público y el cuidado de lo común.

Aunque nuestro trabajo puede parecer corto frente a semejante tarea, estamos convencidas y convencidos de que no basta con “convencer” a las ciudadanías y las comunidades sobre la legitimidad de las instituciones, sino que se trata de transformar lo constituido. El ejercicio de lo público consiste en servir al poder constituyente, para su florecimiento, expresión y consolidación. Volviendo a González Casanova, trabajamos día a día por posibilitar los Mundos Otros y el pluriverso de la vida en su totalidad.